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Me han detenido por circular a 190km/h, ¿a qué penas me enfrento?


El art. 379-1 contiene un tipo delictivo introducido por la LO 15/2007. La conducta típica consiste en conducir un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior a 60 km/h en vía urbana o a 80 km/h en vía interurbana a la permitida reglamentariamente.

Para este delito se prevé pena alternativa de prisión (de tres a seis meses) o multa. A estas se agrega, como pena de obligatoria imposición, la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores entre uno y cuatro años. El tipo configura un delito de peligro abstracto, entendido aquí como infracción de peligro presunto, basado en una presunción iuris et de iure de peligro. Esto es, no se trata de una mera “conducta” peligrosa para la que no se exija un ulterior “resultado” de peligro. El legislador, por el contrario, presume que tal conducta, como clase de conducta, resulta intrínsecamente intolerable y dispone que debe ser penada pese a que, dadas las circunstancias de la conducción, tráfico, estado de la carretera, ocupantes del vehículo, etc., pueda haberse excluido realmente el peligro para terceros.

Los límites de velocidad sobre los que se construye la tipicidad del art. 379.1 no son solo los permanentes de la vía correspondiente por donde se circula. Lo son también los límites variables específicos, determinados por obras o regulación del tráfico (art. 144 RGC) o los propios de la clase de vehículo y condición del conductor [noveles art. 52.1 c) RGC y otras circunstancias personales art. 52.1 b) RGC] y restricciones y limitaciones de circulación, como las previstas en el Reglamento de Conductores (RD 818/2009 de 8 mayo), modificado por el RD 475/2013. En estos casos, no obstante, será preciso contar con las circunstancias viarias, personales del conductor (novel), características del vehículo, de densidad de tráfico, meteorológicas, y demás concurrentes (cfr. art. 19.1) que condicionen el límite reglamentario del que se parta.

El precepto solo podrá ser aplicado previa captación de la velocidad excesiva por parte de un radar (fijo o móvil) o, subsidiariamente, a partir de una prueba pericial que en caso de accidente haya podido determinar la velocidad a la que podría circular el vehículo. Esta segunda variante puede tener importancia también a los efectos de lo previsto en el art. 380 CP, segundo párrafo, cuando por aplicación del artículo 382 CP, el propio artículo 379.1 o el mismo 380.2 desplacen a la infracción de resultado correspondiente (lesiones imprudentes, por ejemplo). Sin la prueba mecánica que representa el cinemómetro, una condena por el art. 379.1 no resultará viable. El problema se suscitará cuando exista solo esta prueba.

La fotografía que capta el radar es prueba de la comisión de un hecho delictivo, pero no, al menos por ahora, de la identidad del autor. Salvo la inmediata detención del automóvil con identificación del conductor y en su caso puesta a disposición judicial, para los vehículos no interceptados procederá citación judicial del titular registral del vehículo como imputado. Este, en la práctica, puede ampararse en su derecho a no declarar, o decir simplemente que el vehículo lo conducía un familiar cuya identidad no piensa revelar, amparándose en lo dispuesto en el artículo 416.1 LECrim.

En todo caso, la condena por el delito previsto en el artículo 379.1 CP exigirá:

  1. el Informe de verificación del cinemómetro después de su instalación,
  2. el Certificado de ensayos de verificación primitiva 2.ª fase,
  3. el Certificado de ensayos después de reparación o modificación,
  4. el Certificado de ensayos de verificación periódica, según el caso, de conformidad con la Orden ITC/3699/2006.

Expertos Abogados Penalistas especialistas en Delitos de Alcoholemia

Durán & Durán Abogados es un despacho con más de 20 años de experiencia, fundado por D. Miguel Durán (Ex Director General de la ONCE) y su sobrino Miguel Ángel Durán Muñoz.

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Cuando me han detenido por exceso de velocidad, he dado positivo en alcohol y en opiáceos, ¿y ahora qué?


El art 379-2 CP tipifica como delito la conducción de un vehículo de motor o un ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas.

Mediante la LO 15/2007 se añadió a esta conducta típica el hecho consistente en conducir con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro. En ambos supuestos las penas son las mismas previstas en el art. 379-1.

Infracción Administrativa o Penal

Este tipo describe un delito de peligro abstracto, en la medida que la realización típica no depende de la verificación de un resultado de peligro concreto para la vida o la integridad de las personas. El adelanto de la barrera de intervención penal incluso a momentos anteriores a la puesta en peligro obedece a una regladeexperiencia, en este caso empíricamente contrastada, que permite afirmar la peligrosidad inherente a la conducción bajo la influencia del alcohol o drogas. La incriminación de esta clase de imprudencia sin resultado se explica al menos por dos razones:

  1. por tratarse de una imprudencia permanente que se prolonga en el tiempo, lo cual la hace más peligrosa que un acto aislado,
  2. porque nos encontramos ante una situación que permite una mayor objetivación de la infracción del deber de cuidado en comparación con otras formas de conducción peligrosa (cansancio o sueño, por ejemplo).

El concepto de conducción consiste en la acción de manejar los mecanismos de la dirección de un vehículo desplazándolo en el espacio. La jurisprudencia ha exigido la puesta en marcha del motor y que el desplazamiento se produzca gracias al impulso del mismo. Mediante tal interpretación restrictiva se dejan fuera del alcance del tipo supuestos insignificantes, como empujar un vehículo averiado. Pero la postura jurisprudencial no convence en casos de auténtica peligrosidad, como el de deslizar un automóvil por un lugar de acentuada pendiente manejando la dirección.

Es común calificar este delito como de propia mano, del cual tan solo puede ser autor el conductor, sin que quepa la autoría mediata.

El anexo 1.º de la Ley de tráfico define el conductor como “la persona que maneja el mecanismo de dirección o va al mando del vehículo”, salvo en los que circulen con ocasión del aprendizaje de la conducción, en los que se reputa como conductor a la persona que está a cargo de los mandos adicionales. Cabe sin embargo la posibilidad de participación, por ejemplo, mediante inducción.

El concepto de vehículo de motor debe establecerse también a partir de las definiciones contenidas en el anexo de la Ley de tráfico, que en su núm. 4 se refiere a “vehículo” como “artefacto o aparato apto para circular por las vías o terrenos a que se refiere el artículo 2”, y en su núm. 9 define “vehículo de motor” como el “vehículo provisto de motor para su propulsión”, con exclusión de los ciclomotores y los tranvías. Los ciclomotores, incluidos en el tipo penal mediante la reforma de 23 diciembre 1994, son, atendiendo a lo previsto en el núm. 7 del referido anexo, “los vehículos de dos ruedas y una sola plaza con motor térmico de cilindrada no superior a 50 cc, o con motor eléctrico de potencia no superior a 1.000 vatios, y cuya velocidad no excede de los límites que reglamentariamente se determinen”.

La referencia a las drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas y bebidas alcohólicas no supone una remisión tácita a listas cerradas de tales productos contenidas en convenios internacionales, sino que se trata de una referencia genérica a cualquier sustancia que pueda influir negativamente en la capacidad de conducción del sujeto sin peligro para la seguridad vial.

La realización imperfecta no es posible. Pese a que algunos autores han sugerido la posibilidad de algunos supuestos en los que resultaría teóricamente imaginable, la explicación de los delitos de peligro (máxime en los de peligro abstracto, en los que se prescinde de todo resultado separado de la acción) como consecuencia de un adelantamiento de la barrera de protección resulta incompatible con la admisión generalizada de la tentativa.

El dolo de peligro deberá abarcar tanto el hecho de conducir como la introducción en el cuerpo de ciertas sustancias y la influencia negativa de las mismas en la conducción. El nuevo tratamiento de la imprudencia priva de sentido el debate doctrinal producido a propósito de la posible admisión de la comisión culposa. Los supuestos de error de tipo vencible, planteados por algún autor, deberán pues considerarse atípicos.

La conducción con tasas de alcohol superiores a 1,2 gramos por litro en sangre o 0,6 miligramos por litro de aire espirado


La infracción penal añadida al art. 379-2 por la LO 15/2007 consiste en conducir con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro, o 0,60 miligramos por litro de aire espirado.

Con esta modificación, el legislador no trató propiamente de colmar una laguna, sino de reducir el arbitrio judicial en la determinación de lo que sea una conducción “bajo la influencia” de la ingesta de alcohol.

Esta previsión normativa ha comportado que el nivel de impregnación en sangre o en aire espirado deje de ser un medio de prueba de un elemento típico, la conducción bajo la influencia del alcohol, para erigirse en el objeto de la prueba misma. Con ello el legislador quiso dar respuesta al problema que suponía la diversidad de interpretaciones de lo que deba entenderse por conducción influida por el alcohol. En la interpretación más extendida, la cláusula debía reputarse de peligropotencial y era preciso acreditar exclusivamente la peligrosidad de la conducta misma, sin necesidad de probar un peligro concreto adicional para la vida e integridad física de nadie.

El segundo inciso del artículo 379-2 se configura como pura infracción de peligro abstracto: el legislador declara cuáles son los límites por encima de los cuales no se puede cuestionar la peligrosidad real de la conducción, al margen de cualquier otra circunstancia. La corrección de tal técnica legislativa, desde el punto de vista del principio de ofensividad, exige que la fijación del límite legal esté avalada por la evidencia científica, de modo que no quepa duda de que la alteración de la capacidad para conducir estará en todo caso, al margen de las circunstancias concretas de cada individuo, gravemente afectada.

Por ello es preferible un límite general que atienda exclusivamente a este dato y no cifras proporcionales a los concretos límites que reglamentariamente rigen para determinados sujetos (conductores profesionales, de transporte de viajeros o de mercancías peligrosas, conductores noveles, etc.).

En la práctica forense, tiene gran trascendencia la constatación de que el instrumento de detección empleado (alcoholímetro, etilómetro) cumple con todos los requisitos normativos.

Sin los certificados pertinentes de autorización, revisión y calibrado no será posible apreciar el tipo. Lo mismo cabe decir respecto de los márgenes de error normativamente admisibles, que dependerán según se trate de etilómetros nuevos, reparados o modificados o que lleven más de un año en servicio y hayan superado una verificación periódica (cfr. arts. 3, 9 y 15 de la OM ITC/3707). Los márgenes de error deberán tenerse en cuenta a favor del reo a la hora de declarar probados los excesos de impregnación alcohólica en aire o sangre.

La Guardia Civil me notifica que llevaba a cabo una conducción temeraria con peligro para la vida o la integridad de las personas y no estoy de acuerdo, ¿qué significa?


Según el art. 380-1 CP, el que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las personas será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.

La conducta típica viene definida como conducir con temeridad manifiesta. Respecto a la conducción, debemos remitirnos a lo señalado antes a propósito del artículo 379. De modo consecuente con ello, la jurisprudencia ha tendido a excluir la significación típica de casos de conducción por un lugar cerrado, no destinado al uso común, como es una nave industrial de depósito de vehículos retirados de la vía pública (vid. SAP de A Coruña de 25 septiembre 1996).

La temeridad supone una desatención de las normas más elementales de cuidado exigibles en el tráfico automovilístico. Para juzgar una conducción como temeraria hay que tener presente el comportamiento del autor en relación con el conjunto de factores externos que debe tener en cuenta, tales como la velocidad, los agentes atmosféricos (lluvia, niebla, viento, etc., con los consiguientes efectos sobre la visibilidad o el estado de la vía), o la presencia de otros vehículos o de peatones.

Existe una analogía material entre la idea de temeridad y la de imprudencia grave. Pese a ello debe tenerse presente que nos encontramos ante un tipo doloso. Es decir, se exige la presencia de dolo -debe tratarse de dolo de peligro en relación con los dos elementos del tipo: la forma de conducción y el resultado de peligro, en que cabe admitir la posibilidad del dolo eventual.

El carácter manifiesto de la temeridad debe valorarse de acuerdo con un parámetro objetivo. Dicha temeridad debe poderse considerar clara, evidente y perceptible por terceros, según el criterio de un observador medio. Debe evitarse pues una determinación de este requisito de modo subjetivo, de acuerdo con aquello que sea tenido por manifiesto para el conductor o el juez.

La puesta en peligro de la vida o integridad de las personas es el resultado del delito, que, según ya se ha precisado, debe ser abarcado por el dolo del autor, siquiera eventual. Pese al uso del plural, la consumación se produce, aunque la puesta en peligro afecte a una sola persona.

Es asimismo indiferente que la víctima o víctimas potenciales intervengan en el tráfico o se vean amenazadas por el comportamiento del sujeto activo en razón de su proximidad física a la vía pública o por el hecho de que el vehículo no circula por la misma.

Mayor complejidad plantea el problema de los acompañantes. La concurrencia del delito deberá negarse cuando dichos acompañantes asuman el riesgo derivado de la forma de conducción del autor. La solución contraria resultaría inverosímil, dado que en tal caso cabrá la posibilidad de considerarlos partícipes en el delito, por ejemplo, a título de inductores. Ello no supone desconocer la posibilidad de la situación contraria, en la que el peligro para los usuarios del mismo vehículo dará lugar a la existencia de delito.

La precisión del momento en que se manifiesta la puesta en peligro no es viable en abstracto, lo cual obliga a recurrir al análisis de casos.

No es necesaria la infracción reglamentaria, de modo que, por ejemplo, será constitutivo de delito intentar abrirse paso de modo peligroso entre una concentración o manifestación de personas en la vía pública o ante un grupo de escolares.

La doctrina mayoritaria configura tal “resultado” conforme al criterio de la dominabilidad por parte autor del peligro generado, de modo coherente con una teoría normativa del peligro. Según tal tesis, solo resulta imputable un resultado de peligro cuando la lesión del bien jurídico está ya por entero a merced de un curso causal que el autor ya no puede controlar. En definitiva, cuando solo la suerte o circunstancias imprevisibles, especialmente la intervención de terceros, evita el resultado.

“Por regla general pondrá en concreto peligro la vida o integridad de terceros dada, por un lado, la incapacidad del conductor para detener a tiempo el vehículo y la grave entidad lesiva derivada de un alcance, un frenazo, una maniobra evasiva, un mínimo despiste -factores todos ellos de probable producción en tales circunstancias- y por otro, la eventualidad de la presencia de otros usuarios que pueden verse expuestos a su conducta, aunque se trate de horas avanzadas o días de poco tráfico, pues no en vano la conducción se desarrolla en una vía pública. A tal efecto, no pueden desconocerse ni el espectacular crecimiento del parque automovilístico experimentado en los últimos años ni la cultura del uso del automóvil que, hoy por hoy, impera en nuestro país”.

Consulta 1/2006 de la Fiscalía General del Estado

Antecedentes por cometer un delito de alcoholemia

Aproximación al concepto de presunción de temeridad


La LO 15/2003, de 25 noviembre, añadió un párrafo segundo al precepto que tipifica el delito de conducción temeraria (en ese momento el 381.2), por el cual se presume iuris et de iure la temeridad manifiesta y el concreto peligro para la vida y la integridad de las personas en los casos de conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas con altas tasas de alcohol en sangre y con un exceso desproporcionado de velocidad respecto a los límites establecidos.

El legislador pretendió de este modo responder a las dificultades probatorias de la temeridad, fundamentalmente del “peligro concreto”. Esta reforma fue calificada mayoritariamente de defectuosa e inútil para los fines pretendidos, no solo por la imprecisión de los términos cuantitativos empleados (altas tasas, velocidad desproporcionada), sino también por la exigencia acumulada, que no alternativa, de dos factores: exceso de velocidad e ingesta de alcohol.

Para salvar tales inconvenientes, el legislador de 2007 desgajó:

  1. Por un lado, un supuesto de temeridad, tipificándolo bajo la técnica del peligro abstracto (la ya analizada conducción a determinados excesos de velocidad del art. 379.1).
  2. Por otro lado, modificó sustancialmente los términos del número segundo del art. 380. Conforme a la redacción de 2007, se establece una “presunción” iuris et de iure de temeridad: cuando concurran las circunstancias previstas en el apartado primero y en el inciso segundo del apartado segundo del artículo 379 CP.

Tras esta última reforma, pues, la presunción no lo es también del “peligro concreto”, sino solo de la “temeridad” en la conducción. Por ello, en este caso cabrá exigir, para colmar la tipicidad del art. 379.2, un adicional “resultado de peligro”. No basta, pues, con la conjunción de ambos factores para afirmar la presencia de un delito si no se demuestra el peligro concreto para algún interviniente en el tráfico rodado, excepción hecha del autor o de quien lo haya instigado. Ambos requisitos (velocidad por encima de 60 u 80 km/h sobre lo reglamentariamente permitido según la vía y exceso en 0,60 mg/l de aire espirado o 1,2 g/l de sangre de alcohol) deberán confluir de forma acumulativa.

¿Qué es la conducción con manifiesto desprecio por la vida de los demás?


De acuerdo con lo previsto en el art. 381-1, el que, con manifiesto desprecio por la vida de los demás, realizare la conducta descrita en el artículo anterior, será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años, multa de doce a veinticuatro meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un período de seis a diez años.

Este tipo delictivo fue introducido en la Reforma de 21 junio 1989 al calor de la polémica aparecida en los medios de comunicación a raíz de la sucesión de diversos accidentes de circulación en autopistas provocados por apuestas consistentes en transitar a gran velocidad en sentido contrario al debido, esquivando los coches que venían de frente. En su momento se puso de relieve la escasa entidad de la respuesta penal en los supuestos de conducción temeraria, que ni siquiera tenían asignada pena privativa de libertad. A ello se añadía la renuencia mostrada por los tribunales -basada en buena medida en la dificultad de la prueba de este elemento subjetivo- a la apreciación de dolo, siquiera eventual, en las conductas más graves acaecidas en el tráfico automovilístico. Por otra parte, la calificación de tales comportamientos como homicidas resultaba dificultosa en los supuestos en los que no se producía resultado lesivo alguno, ya que habría obligado a admitir la viabilidad de una tentativa con dolo eventual. Esta construcción, pese a su teórica aceptación en general por una buena parte de la doctrina y de la jurisprudencia, era de hecho poco aplicada a este tipo de situaciones. Todas las razones citadas movieron al legislador a introducir un nuevo tipo delictivo, que se describía en la exposición de motivos de la propia ley como un tipo intermedio entre el delito de riesgo y la tentativa de homicidio.

El CP de 1995 mantuvo prácticamente en sus mismos términos el tipo introducido en 1989, pese a que existen razones para dudar de la necesidad del mismo:

  1. En primer lugar, dado que la experiencia ha demostrado que el hecho no parece ser tan frecuente como en su momento se dio a entender, pese a que han recaído sentencias condenatorias por este delito, por ejemplo la STS de 11 abril 2001.
  2. En segundo lugar, la sustancial agravación de la pena prevista para el delito de conducción temeraria permite ofrecer ya una respuesta adecuada a determinados comportamientos peligrosos sin los riesgos de una construcción legal que bascula sobre un problemático elemento subjetivo del injusto.
  3. Por último, no se ha producido un desarrollo doctrinal o jurisprudencial pacífico que aclare la naturaleza de este tipo y que consolide un criterio claro respecto a si la aplicación del mismo es compatible con la calificación de los hechos como tentativa (con dolo eventual) de homicidio.

La LO 15/2007 ubicó el precepto en el artículo 381, en lugar del artículo 384 de la versión anterior, e introdujo dos reformas en su contenido:

  1. La primera reforma ha consistido, respecto al tipo básico, en la agravación de la pena de prisión, cuyo marco pasa ahora a ser de dos a cinco años, y de la multa, que pasa a ser de doce a veinticuatro meses. Es una expresión más de la tendencia al endurecimiento punitivo que ha caracterizado la referida reforma. El cambio es sustancial, especialmente en lo que afecta al mínimo de la pena de prisión y al efecto combinado que puede tener la aplicación de la nueva penalidad y las nuevas reglas penológicas del art. 382.
  2. La segunda reforma ha sido la introducción de la expresión “manifiesto”, en lugar de “consciente desprecio por la vida de los demás”.

El tipo subjetivo está integrado en primer lugar por el dolo referido a la conducta de conducción temeraria y, en el supuesto del primer párrafo, a la puesta en peligro de la vida o integridad de las personas. Además, el tipo contiene un elemento subjetivo del injusto, consistente en el consciente desprecio por la vida de los demás.

La presencia de este elemento subjetivo constituye la razón de ser de esta figura delictiva y lo que justifica la elevación de las penas respecto a la prevista en el artículo 381. Esta singularidad ha llevado a un sector doctrinal a sostener que no nos encontramos ya propiamente ante un delito de peligro sino ante la “tipificación de una tentativa de homicidio con dolo eventual” (Berenguer Orts y Antón Vives). Tal interpretación halla un sólido punto de apoyo en el texto de la norma, pues la idea de consciente desprecio para la vida de los demás tiene toda la apariencia de un guiño a fórmulas como la de la teoría del sentimiento, según la cual, lo que caracteriza al dolo eventual es la indiferencia valorativa manifestada por el autor respecto al bien jurídico, lo cual constituye una variante de la teoría del consentimiento.

Por ello sí procederá el concurso de delitos en caso de que el conductor obre con dolo directo de matar a alguien que se encuentra rodeado de otras personas cuya vida resulta puesta en peligro con consciente desprecio para tal bien jurídico, tanto si el homicidio pretendido ha quedado en fase de tentativa o de consumación. Sin embargo, faltando dolo directo, los hechos deberán calificarse como concurso tan solo en caso de que acaezca un resultado lesivo. Si no deviene tal resultado, concurrirá meramente un delito del artículo 384, con independencia del número de personas a quienes alcance el peligro.

El problema de la delimitación del delito del art. 381 y la posible existencia de tentativa de homicidio en dolo eventual ha resultado controvertido en la práctica judicial.

Si me niego a someterme a las pruebas de alcoholemia, ¿qué ocurre?


El art. 383 tipifica un delito consistente en negarse a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

En esta conducta puede incurrir el conductor que sea requerido para ello por parte de un agente de la autoridad y las penas previstas son prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Este tipo delictivo ha sido objeto de una importante controversia doctrinal y jurisprudencial. La LO 15/2007 lo trasladó al art. 383, de manera que lo desvinculó del delito de desobediencia y le asignó una pena autónoma. Además de subrayar con ello la autonomía de esta infracción, el legislador ha reforzado la diferencia punitiva entre este delito y el del art. 379, al prever pena de prisión sin alternativa y acumular a la misma la pena de privación del permiso de conducir entre uno y cuatro años.

Sujeto activo del delito solo puede ser el conductor. Con este argumento, en diversas sentencias se ha rechazado condenar como reos de este delito a personas requeridas para someterse a las pruebas respecto a las cuales no ha podido probarse que estuvieran conduciendo el vehículo al tiempo del requerimiento ni en momentos anteriores al mismo.

El criterio en todo caso es la conducción efectiva, que debe probarse por los cauces propios del proceso penal, sin que puedan tener efectos presunciones legales como la de Disposición adicional segunda de la Ley 18/2009, modificada por la Ley de tráfico, que establece una definición de conductor habitual:

“A los exclusivos efectos previstos en esta Ley será la persona que, contando con el permiso o licencia de conducción necesario, que estará inscrito en el Registro de Conductores e Infractores, ha sido designada por el titular de un vehículo, previo su consentimiento, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 bis, por ser aquella que de manera usual o con mayor frecuencia conduce dicho vehículo”.

Ley de tráfico

En la descripción de la conducta típica, la LO 15/2007 ha introducido una alusión a las “pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas a que se refieren los artículos anteriores”. Se atienden con ello las demandas de incluir explícitamente la negativa a someterse a pruebas de detección de drogas, ante la posibilidad de que el desarrollo tecnológico lleve a implantarlas. Lo más relevante del texto derivado de reforma de 2007 es que abre la puerta a una interpretación según la cual alcanzaría carácter típico la conducta de quien se niega a someterse a controles de tipo preventivo, supuesto que había sido ya excluido por vía jurisprudencial (así, STS de 9 diciembre 1999). Sin embargo, existen buenas razones para mantener la interpretación restrictiva. Al haber desaparecido la remisión al art. 556, la idea de que existe en esta infracción un sustrato material sustancial de desobediencia se desvanece, por lo que su contenido de injusto no puede ya desvincularse del propio de los delitos tipificados en este capítulo. Además, las penas previstas no solo invitan, por su mayor gravedad, a optar por la opción más benévola (odiosa sunt restringenda), sino que señalan precisamente la existencia de, cuanto menos, un injusto añadido respecto al mero acto de desobediencia al agente de la autoridad.

Asimismo, existe una línea jurisprudencial que exige la comprobación de diversos requisitos formales como condición para la apreciación del carácter delictivo de la negativa del conductor a someterse a las pruebas. Concretamente se requiere:

  1. que haya mediado, primero, requerimiento expreso y directo por parte de un agente de la autoridad,
  2. una negativa también expresa y directa por parte del conductor,
  3. un apercibimiento de las consecuencias penales derivadas de la conducta del conductor,
  4. una persistencia de la negativa por parte del requerido.

En caso de que los agentes requieran la realización de una segunda prueba tras haber resultado positiva la primera, el conductor que se niegue a la misma incurre también en la conducta típica. Este criterio ha sido establecido por la Circular 10/2011 de la FGE sobre unificación de criterios en los delitos contra la seguridad en el tráfico, según la cual el derecho del conductor a que se efectúe una segunda prueba mediante análisis de sangre para contrastar los resultados obtenidos no implica un derecho a sustraerse a una segunda prueba en caso de que esta sea requerida por los agentes.

Me han detenido por conducir sin el carnet porque me lo habían retirado, ¿qué puede ocurrirme?


La LO 15/2007 creó un nuevo tipo delictivo, alojado en el art. 384 CP, en el que se prevé castigar con penas alternativas de prisión, multa o trabajos en beneficio de la comunidad a quien condujere un vehículo de motor o ciclomotor tras haber perdido la vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente.

Asimismo, se conmina con igual pena:

  1. a quien condujere tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial,
  2. al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción.

La implantación del sistema del permiso de conducción por puntos, de la que trae causa la modalidad del art. 384 CP e indirectamente la totalidad del artículo, aparece regulada en la Ley de 19 julio 2005, que modifica la Ley de seguridad vial, cuyo art. 63.6 dispone que “la Administración declarará la pérdida de vigencia de la autorización para conducir cuando su titular haya perdido la totalidad de los puntos asignados”. A continuación, señala que una vez constatada la pérdida total de los puntos, la Administración, en el plazo de quince días, notificará al interesado el acuerdo por el que se declara la pérdida de vigencia de su permiso o licencia de conducción.

Estas conductas antijurídicas presentan un contenido material de desobediencia o que sean interpretadas como formas de quebrantamiento de condena, algunas de las cuales habrían resultado ya punibles, en caso de que nos encontráramos ante una privación judicial del permiso o licencia. Otras conductas antijurídicas, las referidas a decisiones de la autoridad administrativa, adquieren significación penal por mor del nuevo tipo delictivo, que tendría su razón de ser en la necesidad de evitar el debilitamiento del nuevo sistema emanado de la normativa que introduce el carné por puntos. Lo que sucede tras la reforma de 2007 es que el CP equipara supuestos de quebrantamiento de resoluciones administrativas y de decisiones judiciales. No puede pasar desapercibido que, en relación con estas últimas, se produce un efecto agravatorio respecto a la situación anterior a la reforma, pues el art. 384 prevé pena alternativa de prisión, que no aparece en el art. 468 CP que tipifica el quebrantamiento de condena. En todo caso, no puede obviarse que la reforma de 2007 ha llegado hasta el punto de tipificar la conducción sin haber obtenido nunca el permiso o la licencia, que no puede ser ya vista como una forma de desobediencia o de quebrantamiento y permite entender que su introducción expresa una voluntad legislativa de equiparar la respuesta jurídica ante conductas de las que cabe presumir una peligrosidad para el bien jurídico.

En cuanto a la concepción dogmática del tipo, nos hallamos ante delitos de peligro abstracto, en su modalidad más pura, aquella en que la peligrosidad de la conducta para el bien jurídico se presume iuris et de iure, sin posibilidad de prueba en contrario. De nada valdrá, por consiguiente, que el imputado por el delito de conducir sin haber nunca obtenido el permiso demuestre gran destreza en las artes de la conducción, pues es evidente que cabe esa posibilidad. El sentido de la prohibición permite comprender que la conducción peligrosa es consecuencia no solo de la falta de pericia o de las aptitudes psicofísicas necesarias, sino de un comportamiento poco respetuoso con las normas que rigen en este sector de actividad. También cabe imaginar que un conductor haya perdido todos los puntos por acumulación de infracciones que no impliquen una falta de pericia o atención ante situaciones de peligro. La norma penal, además de la contundencia de su dicción literal, no puede ser interpretada al margen del contexto normativo que fija la Ley de 2005 por la que se introduce el carnet por puntos, que vincula el nuevo sistema a la exigencia de una actitud de responsabilización del conductor, como refleja la introducción de cursos de educación vial para poder recuperar los puntos. Por consiguiente, tan solo cabrá excluir la relevancia típica de aquellos comportamientos en los que quepa apreciar insignificancia respecto al acto de la conducción, en términos análogos a los que podría plantearse en relación con otros delitos del capítulo, como la conducción bajo los efectos del alcohol (por ejemplo, efectuar un pequeño desplazamiento para dejar bien estacionado el vehículo o conducirlo en un lugar despoblado).

En la tipicidad subjetiva, las conductas delictivas comprendidas en el art. 384 requieren dolo, por lo que deberá excluirse el carácter típico de aquellos supuestos en los que, por ejemplo, no le ha sido notificada efectivamente al conductor la resolución por la que se declara la pérdida total de los puntos (art. 63.6 Ley 2005). No basta con el hecho de la pérdida de los puntos, sino que el tipo exige la pérdida de vigencia y este hecho es el que debe ser conocido por el autor, conocimiento que tan solo cabe presumir cuando se ha producido la notificación en forma.

¿Qué signifca la creación de un grave riesgo para la circulación ...?


El art. 385 configura un tipo delictivo por el que se castiga la provocación de un grave riesgo para la circulación mediante alguna de las siguientes formas:

  1. La colocación en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o inflamables o mutando, sustrayendo o anulando la señalización o por cualquier otro medio.
  2. No restablecer la seguridad de la vía, cuando haya obligación de hacerlo.

Este delito presenta algunos elementos diferenciales respecto al resto de infracciones de este capítulo. El primero de ellos radica en el hecho de que el sujeto activo del mismo puede serlo cualquier persona, sin necesidad de que sea el conductor de un vehículo a motor o ciclomotor. Por otra parte, se establece una referencia expresa a la vía, lo cual excluye la posibilidad de comisión del delito fuera de la misma. Ello no es casual, sino que se corresponde con la forma de definir la situación peligrosa. A diferencia de lo que sucede con el artículo anterior, el grave riesgo no se refiere a bienes jurídicos de las personas sino a la circulación.

En este último aspecto la técnica legislativa resulta confusa, pues la expresión utilizada es la propia de los delitos de peligro concreto, aunque el hecho de no referir el riesgo a bienes jurídicos personales sino a un bien configurado en términos abstractos obliga a concluir que en realidad nos encontramos ante un delito de peligro hipotético. La idea de riesgo para la circulación, como reverso de la seguridad en el tráfico, debe ser entendida en un sentido instrumental. En suma, deberá afirmarse la tipicidad de las conductas definidas en los números primero y segundo de esta norma siempre que las mismas tengan la entidad suficiente para suponer un peligro potencial para la vida o integridad de las personas. El tipo no requiere su concreta puesta en peligro, pero la negación de toda potencialidad lesiva relevante (según se deriva de la exigencia explícita de la gravedad del riesgo) conllevará la atipicidad del comportamiento.

En lo que concierne a la primera forma típica del art. 385, lo que en realidad define el contenido del delito no es propiamente la alteración de la seguridad del tráfico. La exigencia general de un riesgo grave para la circulación confiere a este elemento un carácter redundante. Las conductas típicas son en realidad las que se describen como modalidades de la acción: la colocación de obstáculos imprevisibles, el derramamiento de sustancias deslizantes o inflamables y el daño o mutación de la señalización.

La segunda forma típica, consistente en no restablecer la seguridad en la vía, ha sido calificada como de comisión por omisión por algunos autores, dado que la alusión al hecho omisivo aparece condicionada a la existencia de una obligación de actuar. Caracterizado el delito en estos términos, el problema principal consiste en determinar qué sujetos son los obligados de modo específico a restablecer la seguridad. El caso más claro será el de aquellas personas que por su oficio o cargo o directamente por una disposición normativa tengan encargada esta tarea (así, el personal del servicio de mantenimiento de una autopista o los agentes de tráfico o de policías locales).

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